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El gobierno estadounidense ha catalogado formalmente a 21 grupos criminales de América Latina y el Caribe como organizaciones terroristas extranjeras. Esta reclasificación, impulsada por la administración Trump, busca intensificar la presión sobre carteles de la droga y bandas transnacionales mediante el uso de herramientas legales antes reservadas para grupos con fines políticos. La lista incluye facciones poderosas de México, Brasil, Ecuador y Venezuela, destacando a los carteles de Sinaloa y Jalisco como los principales traficantes de fentanilo. Esta estrategia ha facilitado operaciones militares y capturas de alto nivel, aunque también ha generado tensiones diplomáticas y debates sobre su efectividad real. Diversos países de la región han seguido este ejemplo endureciendo sus propias leyes contra las pandillas y mafias locales.
